El magistrado violento, a cargo del Juzgado de Paz del Partido de Saavedra, Departamento Judicial de Bahía Blanca, no sólo ejercía maltrato verbal, sino que además desacreditaba sus intervenciones profesionales y su posicionamiento ético político adjetivandola como feminista, intentando avasallar su autonomía personal.

Asimismo, Fischer extendió el maltrato hacia múltiples trabajadores y trabajadoras tanto del ámbito judicial como externos con quienes la tarea propia requiere articular (trabajadoras de la educación, letrados, litigantes, personal del juzgado y de otras dependencias judiciales en las que había realizado subrogancias); como hacia las mujeres que acuden al juzgado, a quienes ha tratado de fabuladoras, desvalorizando su palabra y sometiéndose a un proceso de revictimización.

Con justicia el 9 de noviembre pasado la AJB – quién ha acompañado desde la Secretaría de Género para iniciar el trámite desde donde se imponga una sanción -, ha sido notificada de que el Procurador General, Julio Conte Grand denunció a Fischer ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Bs. As.

Ésto es una muestra más de que es un acierto acercarse al sindicato para recibir orientación y acompañamiento para denunciar. Con organización podemos no sólo dejar de padecer e iniciar un proceso para hacer efectivo nuestro derecho a trabajar en un ambiente laboral libre de violencias, sino contribuir para que esa violencia no sea sufrida por nadie más en lo sucesivo.

Instamos a la SCBA para que en éste tipo de situaciones no se le reciba la renuncia a los violentos, hasta tanto sea resuelta las consecuencias de su accionar en la instancia correspondiente, como muestra del compromiso en erradicar la violencia en el ámbito laboral. Así lo dispone el Convenio 190 de la OIT que la Argentina ha ratificado. Asimismo, exigimos que inste a todo el personal de todas las categorías incluídos las y los magistrados, para que se sometan a la capacitación obligatoria, en cumplimiento de la Ley Micaela, cuya instancia es imprescindible para que los miembros del Poder Judicial deconstruyan los estereotipos de género.

El sistema judicial no puede tolerar ningún tipo de violencia ni acoso laboral y es responsabilidad de todas las partes bregar para que así sea, como forma de facilitar la prevención de éste tipo de comportamientos y prácticas; de cuidar la salud de las y los trabajadores; de no afectar la organización del trabajo; y de garantizar una de las condiciones que hace a la igualdad de oportunidades que afecta sobre todo a las mujeres.