Nunca Más – Presente Continuo

1976 – 24 de marzo – 2019

Al compañero Antonio Cortina.

“Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, sólo dormir, verme borrar. Una historia me recordará siempre.” – Zamba para no morir.

Nunca Más: expresión de la lengua castellana, la cual toma fuerza y significado a partir de ser el título del informe final de la CONADEP emitido en 1984, que dio inicio a los juicios contra los responsables de la dictadura cívico militar en la Argentina.

El decir «nunca más» es una regla a seguir, un deseo de no volver jamás a esa época, de no volver a tropezar con la misma piedra, y hoy más que nunca tratamos de que permanezca intacta, indiscutida, e impoluta en la sociedad argentina.

La última dictadura cívico militar en la Argentina (1976-1983) fue parte de la serie de derrocamientos de gobiernos constitucionales que se sucedieron en las décadas de 1960 y 1970 en el sur del continente americano, imbuidas de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).

En la Argentina, el terror de Estado fue organizado territorialmente por el Ejército Argentino (EA), pero tuvo también gran importancia el sector corporativo empresarial, los medios de comunicación, la corporación judicial y el clero.

Este ordenamiento implicó la participación del conjunto de las Fuerzas Armadas y la construcción de un esquema tripartito de poder. La participación represiva de la Armada y la Fuerza Aérea se desarrolló con autonomía en sus jurisdicciones y ámbitos naturales. Mediante la persecución, las torturas, los asesinatos y las desapariciones se logrará desarticular la resistencia en el ámbito de las fábricas, las escuelas, en las oficinas de las empresas de servicio y de la administración pública. En el ámbito sindical disolvió la CGT, suprimió las actividades gremiales, eliminó las convenciones colectivas de trabajo y quitó el derecho a huelga.

En otro nivel de responsabilidad, los dirigentes de cientos de empresas colaboraron directamente en la identificación, el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de trabajadores: Mercedes Benz, Ford, Ledesma, Laboratorios Rhodia, Astarsa, Acindar, Terrabusi, Minera El Aguilar, La Veloz del Norte, Lozadur, entre otras tantas empresas.

Bahía Blanca

Las distintas fuerzas militares alcanzaron una inusitada preponderancia en términos de impacto en la sociedad bahiense, la amplificación de la “voz militar”, fue viabilizada por el diario local La Nueva Provincia, propiedad de la familia Massot. Medio que desarrolla una línea editorial conservadora y marcadamente afín al discurso militar en general y a la ARA en particular, con la cual estrechó vínculos en los años cincuenta, con posterioridad al derrocamiento del gobierno de Juan Domingo Perón, que había clausurado el diario. La ARA le ‘devolvió’ el diario a la familia Massot. Y en el presente, encontramos a uno de sus hijos como representante de toda una línea conservadora (socia de la dictadura) llevado al Congreso Nacional por Alianza Cambiemos.

La estructuración del accionar represivo a partir del 24 de marzo de 1976 en la zona de Bahía Blanca y Punta Alta comenzaba la jurisdicción del comando de la zona 5° a cargo del V Cuerpo de Ejército, y abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires, y las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y el territorio de Tierra del Fuego.

Entre los centros clandestinos de detención (CCD) establecidos en la ciudad, el mayor fue el complejo conocido como “La Escuelita”. En la zona el enclave central de la ARA fue la Base Naval Puerto Belgrano, sede del Comando de Operaciones Navales que era la principal autoridad de la Armada. Los CCD dependientes de la ARA en la región fueron el Buque “ARA 9 de julio”, que se encontraba amarrado en una de las dársenas de la Base Naval de Puerto Belgrano y “Baterías” que se encontraba bajo jurisdicción de la Base de Infantería de Marina.

Para muchos trabajadores y sindicalistas locales, la violencia represiva de la que fueron víctimas estuvo fundada en la “respuesta” militar a los posibles “focos conflictivos” que atentarían contra la concreción del tan ansiado “despegue productivo” de los sectores de empresarios locales.

Los sectores más afectados por el accionar represivo ejercido desde la ARA, fueron los estibadores agremiados en SUPA, los trabajadores de la Junta Nacional de Granos (JNG), los empleados de la termoeléctrica, de la empresa estatal de telecomunicaciones (ENTEL) y trabajadores ferroviarios – con centralidad aquellos con lugar de trabajo en el Galpón de Máquinas de Ingeniero White.

La operatoria represiva de la ARA no debe ser analizada independientemente del trabajo minucioso de los servicios de inteligencia de esta fuerza sobre las víctimas. En este sentido, el papel que jugaron los servicios de seguimiento en la estructuración de la represión fue central. Un caso específico de los servicios de inteligencia de la Prefectura Naval, fue el señalamiento de los trabajadores que resultaban “molestos” a la empresa periodística del diario La Nueva Provincia.

A partir de la instauración de la dictadura cívico militar la actividad que entendían como “normal” era solo el servicio vinculado a las obras sociales. La actividad sindical en gran parte de Bahía Blanca había sido cancelada.

 La ARA resolvió la represión a trabajadores en lo que llamó la «lucha antisubversiva» y lo hizo con absoluta prioridad en la región; sobre todo sin perder de vista esa potencialidad de Bahía Blanca en términos de desarrollo económico y productivo, en asociación con aquellos sectores interesados en su propio desarrollo económico.

Por su parte la participación del Poder Judicial acompaña, entre otras medidas, a la negación de las solicitudes de habeas corpus de los familiares, aplicándoles las costas del proceso. La CONADEP reprodujo estadísticas de la Cámara Criminal y Correccional Federal donde sus registros dan cuenta que entre 1976/1983 se presentaron 8.335 hábeas corpus. Una cantidad similar se presentaron en el resto del país.

El funcionamiento de la Justicia se puede resumir en un párrafo del informe de la CONADEP: “Hubo Jueces que, dentro de las tremendas presiones sufridas por la situación reinante, cumplieron su función con la dignidad y el decoro que se esperaba de ellos. Pero también es real que hubo quienes; teniendo el deber jurídico de proteger a las personas y a sus bienes, dejaron de hacerlo; quienes pudiendo limitar el abuso de las detenciones arbitrarias avalaron la aplicación de verdaderas penas sin juicio previo; y quienes, por fin, con su indiferencia, exhibieron una conducta cómplice con los secuestros y las desapariciones”.

Hoy como ayer

A 43 años del inicio formal de la instauración de la dictadura cívico-militar – alejado en el tiempo, pero no en sus intentos – nos encontramos con un gobierno instalado desde los intersticios fallidos del sistema democrático, nos encontramos con un gobierno en asociación con las grandes corporaciones empresariales, bancarias, religiosas y las periodísticas entre otras, la sociedad rural, y el poder corporativo del Poder Judicial como acompañante, con diputados paridos de la misma dictadura cívico – militar.

A partir de una suerte de ideas de estabilizar el País y terminar con ideas populistas y sociales, y la instalación de un clima de enfrentamiento, a finales del 2015 se redirecciona y se mantiene en vigencia la puesta en marcha de un modelo neoliberal, con libretos hartos conocidos; la fuerza represiva, asociación y manejo de los grandes medios de comunicación, la visibilizarían de la “grieta” ideológica política, la concentración de riquezas en grandes grupos multinacionales y monopólicos, destrucción de la producción interna, priorización del sistema financiero por sobre la producción nacional, se intenta como antaño demonizar todas aquellas entidades críticas, con metodologías similares a las épocas nefastas de este país. Se acentuó la persecución penal y contravencional de organizaciones, militantes y activistas por hechos o situaciones relacionados con el ejercicio de derechos humanos, laborales, acceso a la vivienda o alimentos: son frecuentes las detenciones, la multiplicación de denuncias, la activación de causas judiciales que estaban olvidadas o su culminación con condenas, las multas y clausuras a las organizaciones sociales y sindicales. Estas acciones lesivas convergieron con otras, como la negación de acceso a políticas sociales y de vivienda.

La persecución y muerte con responsabilidad estatal o paraestatal (casos como el de Konsteki, Santillán, Julio López, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Milagros Salas entre otros) no ha cesado desde el advenimiento de los procesos democráticos.

Lo ocurrido en estos últimos años muestra el modo en que el poder Ejecutivo y sectores del Poder Judicial utilizan dispositivos legales disponibles para actuar sobre reclamos y conflictos sociales, persiguiendo a la organización social, política y sindical.

Esta mayor intensidad de la criminalización ocurre en el contexto de las transformaciones económicas implementadas por la alianza gobernante Cambiemos, que dieron lugar a una reconfiguración del actor social, cultural, sindical, escolar.

La participación en estos escenarios de los actores afectados, principalmente por las acciones económicas, sociales y represivas del Gobierno actual con la participación de las fuerzas de seguridad, el montaje de su red de espionaje, las fuerzas mediática y judiciales se instalan como acciones que tienden al desmembramiento de los lazos sociales, instalando el discurso del “no te metas” porque te encarcelan, judicializan o te matan y el discurso del odio y resentimiento dentro de las diferentes clases sociales argentinas.

Si en épocas de antaño las agrupaciones de personas eran grupos subversivos, en la actualidad las agrupaciones no afines al curso del gobierno son comandos desestabilizadores, corruptos y por lo tanto sometidos a la degradación permanente en todo su ser social.

A 43 años, este Gremio persiste en la lucha por sostener el entramado social, la solidaridad, la resistencia, la circulación de la palabra, en aceptar las diferencias como punto de unión, la participación de los trabajadores, la circulación de otro saber por fuera de los grupos de poder es el compromiso, el derecho y la conquista, manteniendo intacto en nuestra memoria a los compañeros judiciales victimas del terrorismo de estado: ELENA PETER (desaparecida el 17/11/78) Y MIGUEL BACASUN (desaparecido el 27/06/76).

Opinar para ser escuchado, participar para ser encontrado, caminar para poder avanzar, manifestar para no desaparecer….

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS

PRESENTES